Por HERMANN TERTSCH
El País Viernes,
24.12.99
TRIBUNA
Poner precio al sufrimiento humano es siempre una osadía.
Porque nunca lo ponen quienes lo han padecido. Pero, ante todo, porque el
dolor, la humillación, la vejación o la tortura, y sobre todo la muerte, no
pueden por esencia tener un precio justo. Siempre hay una ofensa en la
tasación. La indemnización conlleva el agravio. ¿Cuántos millones valen las
piernas de un mutilado por un atentado de ETA? ¿Cuánto la vida perdida de un
hermano o un padre acuchillado en la calle? ¿Cuánto toda la familia perdida en
Auschwitz? La víctima inocente de un crimen es siempre ante todo un individuo
al que se le ha agredido en su dignidad e integridad. La restauración de esa
dignidad pasa por el castigo a los culpables y el reconocimiento público de la
culpa. Sólo así se les devuelve a las víctimas parte, sólo parte, de lo que se
les arrebató. Por eso la trivialización de un crimen por parte de los autores o
sus cómplices es en sí un renovado acto de agresión a la víctima. Es otro
crimen. Leon Degrelle reincidió como criminal nazi cuando negó la existencia de
las cámaras de gas, de los crímenes en que había participado. Y la víctima de
Auschwitz Violeta Friedman se sintió víctima de nuevo. En España, las víctimas
del terrorismo aún esperan que los criminales y sus celosos aliados las
reconozcan como tales y no como daños colaterales de un abstracto litigio
histórico.
Y pese a todo, esta década pasará a la historia como la del
mayor esfuerzo jamás habido en el mundo en el intento de reconciliación por
medio de la reflexión histórica, el reconocimiento de culpa y la compensación y
el desagravio a las víctimas. El acuerdo logrado la pasada semana entre los
abogados de los trabajadores forzosos en la Alemania nazi con algunas compañías
que entonces se beneficiaron de esta fuerza laboral esclavizada es un paso más
en este sentido. El Gobierno alemán y las compañías pagarán 10.000 millones de
marcos a los casi dos millones de víctimas de aquel régimen que aún viven,
especialmente en Europa oriental, en EEUU e Israel.
Las compañías alemanas reconocen con este acuerdo que se
beneficiaron de un régimen criminal para aumentar su producción y beneficios y
reducir gastos. La mano de obra gratuita que las SS les suministraban no sólo
era gratuita, sino continuamente renovable gracias al flujo de deportados hacia
Alemania desde las zonas ocupadas del este de Europa. Reconocen así su
responsabilidad, pero además, confirman el carácter de víctimas de sus
trabajadores forzosos, algo que hasta ahora se habían negado a hacer. No lo han
hecho más que bajo fuertes presiones y amenazas de boicot a sus productos. Y no
todas las compañías que utilizaron esclavos durante el nazismo han accedido al
pago. Ya hayan sido publicadas las listas de las compañías implicadas que
siguen negando su culpa e intentan aún difamar a las víctimas como unos
aprovechados, en un insulto que se suma a la injusticia cometida. Habrá ocasión
de recordar sus nombres y evitar sus servicios y productos.
Es cierto que hay abogados en EEUU que han encontrado una
golosa veta de minutas en la búsqueda de víctimas del nazismo y la oferta de
litigios. Pero son las compañías alemanas y austriacas, los bancos suizos y
otros beneficiarios de los crímenes del nazismo los que con su negativa a
reconocer los derechos de las víctimas, han hecho posible potenciales abusos.
En todo caso, el acuerdo sobre trabajo forzoso es un gran paso adelante y el
Gobierno de Gerhard Schröder ha actuado con responsabilidad. Eso sí, habrá
nuevos frentes en la lucha por indemnizaciones. Y en justicia habrán de ser
negociados antes de que llegue tarde esa mínima compensación para unas víctimas
que se hallan al final de unas vidas marcadas por la tragedia.
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