EL PAÍS Viena, 22.02.83
El Parlamento austriaco decidió ayer, a solicitud de la
mayoría socialista, su disolución y la convocatoria oficial de elecciones
generales para el próximo día 24 de abril. Austria entra así en la fase oficial
de una campaña electoral que en la práctica había quedado abierta hace ya
algunas semanas. La pugna electoral se está caracterizando por una dureza verbal
entre los contendientes que resulta insólita en esta pequeña República alpina,
en la que la serenidad ha sido la nota dominante de las confrontaciones
políticas y sociales de los últimos años.
Son varios los factores que
diferencian las elecciones del 24 de abril de las habidas en los últimos doce
años de Gobierno socialista. En primer lugar, la mayoría absoluta socialista no
ha estado nunca tan amenazada como en estos momentos.
Según una reciente encuesta,
el 67% de los austríacos cree en una pérdida de votos del partido del Gobierno
y un 52% piensa que los conservadores ampliarán su electorado. El partido
socialista (SPOE) cuenta en la actualidad con 95 escaños en el Parlamento: el
partido democristiano (OEVP), con 77, y los liberales (FPOE), con once.
El canciller Bruno Kreisky,
con doce años ininterrumpidos a la cabeza del Gobierno austríaco -el gobernante electo más veterano de Europa-, ha sido el artífice
internacionalmente reconocido de lo que se denomina el milagro austriaco.
Austria ha logrado resistir
hasta ahora los embates más duros de la crisis económica internacional,
manteniendo el desempleo y la inflación muy por debajo de la media
internacional.
Sin embargo, en los últimos
tiempos, la situación económica austriaca ha empeorado considerablemente. El
índice de paro ha alcanzado el 6%, hay un enorme déficit presupuestario y la
profunda crisis en que se encuentra el sector público, en general, y la
siderurgia, en particular, resquebrajan la imagen de Austria como una isla de
sosiego que no se ve afectada por la marejada de la crisis que zarandea a
todos sus países vecinos.
El desengaño de unos
ciudadanos que creían, en gran parte, que iban a saber de la crisis cuando ésta
ya hubiera pasado se vuelve ahora contra el Gobierno de los socialistas.
La oposición acusa al Gabinete
de Bruno Kreisky de ser culpable de la situación, de llevar a cabo una política
de inversiones ruinosa y de "endeudar a las generaciones futuras" con
su política de "déficit spending', paralizando
la iniciativa privada debido a las fuertes cargas impositivas a los ahorradores
y a las pequeñas y medianas empresas.
Kreisky, por su parte, se
muestra decidido a continuar su gestión económica en la línea que se ha dado en
llamar el austrokeynesianismo e impedir un aumento del
paro y de la inflación por medio de un mayor endeudamiento, a la espera de que
la situación económica internacional muestre síntomas de mejora.
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