El País, Viena, 20.03.85
Los peligros que se derivan del rápido desarrollo de la
ciencia y de la técnica para los derechos humanos y las libertades individuales
son el problema fundamental que estudia la reunión ministerial del Consejo de
Europa que se inauguró ayer en Viena. Este encuentro de dos días, el primero
que el Consejo de Europa dedica específicamente a los derechos humanos, fue
inaugurado por el jefe del Estado austriaco, Rudolph Kirchschlaeger, y por el
secretario general del Consejo de Europa, Marcelino Oreja.
Por primera vez, los 21 países de Europa occidental buscan
fórmulas para cubrir los vacíos legales que se han creado con las posibilidades
científicas surgidas en los últimos años y, lógicamente, no reguladas hasta
ahora por la ley. El ministro francés del Interior, Robert Badinter, que llegó
ayer a Viena, presentará a la conferencia un documento base para la protección
de la integridad física y psíquica del ser humano en el contexto de estos
avances logrados en la biología, medicina y bioquímica. El debate abordará los
nuevos métodos artificiales de procreación que sugieren graves interrogantes
éticos. De prevalecer el derecho básico a formar una familia y tener
descendencia y autorizarse el alquiler de madres gestantes, madres de
alquiler, y, por tanto, dar vía libre a la comercialización de funciones
humanas tales como el embarazo, la inseminación artificial y la
fertilización in vitro, que no suponen ya ningún problema científico,
se plantearán problemas jurídicos para los que el Consejo de Europa quiere
buscar un marco legal.
Entre otros ejemplos que se barajan en esta conferencia esta
la posibilidad de que una descendiente de un donante sea fertilizada con el
esperma de éste. Es, por tanto, posible que en un futuro una joven tenga un
hijo de un antepasado. Esto presenta unos gravísimos problemas sobre la
alteración de las generaciones. Otro grave riesgo, el de la consanguinidad, es
también un resultado de las nuevas técnicas. En Francia se limita al máximo el
número de mujeres receptoras de esperma de un solo donante.
El anonimato del donante es también motivo de polémica como
ha ocurrido recientemente en Suecia. También se plantea la cuestión de la
remuneración de donantes y madres de alquiler. Parece obvio que, de prohibirse
el pago, habría pocas mujeres dispuestas a tener un embarazo gratuito, con lo
que, de hecho, se estaría impidiendo a una mujer estéril el ejercicio de su derecho
a formar una familia.
Algunos foros de asesores gubernamentales en cuestiones de
ética consideran que el fenómeno de las madres de alquiler va en perjuicio del
nacido. También surge la duda sobre si debe existir el derecho de la mujer que
ha llevado el embarazo a cambiar de idea y quedarse con el niño que ha
engendrado.
Eutanasia
Otro de los temas es el de la prolongación artificial de la
vida. Los límites del concepto de prolongación y los de enfermedad
irreversible, así como el derecho del paciente a decidir por sí mismo el fin de
la ayuda y su capacidad para ejercer este derecho están aún por ser
establecidos, si es que esto es posible. La asamblea parlamentaria del Consejo
de Europa estableció en 1976: "La prolongación de la vida no debe constituir
por sí sola el objetivo exclusivo de la práctica médica".
Otro aspecto médico que tiene las mismas dudas jurídicas es
el de la experimentación con seres humanos y embriones. Algunas propuestas
establecen que el embrión humano no debe ser utilizado para experimentos que
pongan en peligro la salud del niño una vez transcurridas 20 semanas desde la
fecundación.
También surgirá en el debate de la conferencia las
posibilidades de regular cuál es el fin que debe darse a fetos procedentes de
interrupciones voluntarias del embarazo, autorizadas en gran parte por los
países miembros del Consejo.
El ministro español de la Presidencia, Javier Moscoso, que preside la
delegación española con el embajador ante el consejo de Estrasburgo, Fernando
Baeza, presentó un informe que recoge los criterios del Gobierno español sobre
estos problemas. La delegación española destaca el problema de la manipulación
genética por la posibilidad de alterar el patrimonio genético del individuo y
su libertad y dignidad, por lo que plantea la necesidad de un estricto control
de estos experimentos.
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