El País, Viena, 10.02.84
España rechazó ayer ante la comisión de estupefacientes de
las Naciones Unidas, reunida en Viena, las acusaciones sobre una supuesta
permisividad de las autoridades españolas hacia las denominadas drogas blandas.
El embajador de España ante los organismos internacionales en la capital
austríaca, Enrique Suárez de Puga, negó que se practicara una política de
tolerancia hacia este tipo de drogas, lo que implicaría una violación de la
convención internacional de estupefacientes de 1961, de la que España es
signataria. El convenio establece que todas las partes firmantes están obligadas
a una fiscalización de los estupefacientes enumerados, entre los que se
encuentran los derivados del cannabis, hachís y marihuana.
En el informe sobre 1983 de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado hace algunas semanas en
Viena, se condenaba la actitud de "círculos de determinados países, a cuyo
juicio el permitir el uso sin restricciones de algunos estupefacientes
considerados por ellos menos nocivos facilitaría una mejor fiscalización de
otros estupefacientes considerados más peligrosos".
La JIFE calificaba esta actitud de retrógrada, y recordaba
que los países firmantes de la convención no tienen opción de escoger los
estupefacientes que se encuentran sometidos a fiscalización internacional.
Antes de que este informe se hiciera público, cuyo párrafo citado es una clara
alusión a España y a otros países que han adoptado últimamente medidas
tendentes a la despenalización del consumo de los derivados del cannabis,
la JIFE había solicitado del Gobierno español una aclaración sobre las
modificaciones adoptadas en el Código Penal español al respecto.
Suárez de Puga manifestó ante la comisión que en todos los
casos se contestó que en España seguían siendo ilícitas tanto la tenencia como
el consumo.
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