Por HERMANN TERTSCH
El País, Belgrado,
25.03.87
El Gobierno yugoslavo ha dado marcha atrás en su política de
estabilización económica debido a la grave tensión social y la oleada de
huelgas que estalló contra las medidas destinadas a mantener los salarios en su
nivel actual. La agencia oficial de noticias Tanjug anunció ayer que el
Gobierno reconsiderará la orden de congelación de salarios para aquellas
empresas en las que los aumentos hayan sido razonables, así como para
aquellas pertenecientes a los sectores de turismo, construcción y educación, en
los que los ingresos varían según la temporada. El Gobierno ha dado también a
entender que las medidas de congelación de salarios "han sido mal interpretadas".
Observadores en Belgrado consideran que, a la vista de la tensión existente,
las autoridades han optado por una flexibilización de las disposiciones. El
Gobierno es consciente de que la estabilización económica no es realizable con
la abierta oposición de la población. En las últimas semanas se produjeron en
Yugoslavia más de 70 huelgas, según fuentes oficiales, en las que participaron
miles de trabajadores en protesta contra la congelación salarial.
No obstante, el Gobierno ha dejado claro que no permitirá
que la oposición política capitalice el malestar para poner en duda el sistema
socialista autogestionario.
Mientras da marcha atrás en sus medidas más impopulares, el
Gobierno insiste en sus advertencias sobre la atención que el
ejército dispensa a la situación social y política.
El viceministro de Defensa, Milan Deljavic, ha advertido
sobre la posibilidad de movilizar las tropas si el Gobierno considera que el
sistema está en peligro. "El Ejército no puede permanecer indiferente ante
la situación política", dijo.
Estas advertencias, se dice en Belgrado, no van dirigidas a
los huelguistas, sino a aquellos que quieren extraer de los paros consecuencias
políticas en contra de los tres pilares del sistema, que son: la federación de
repúblicas, la autogestión y el no alineamiento.
Mensaje a la disidencia
El principal destinatario es la disidencia, a la que el
jefe del Gobierno, Branko Mikulic, ha calificado de
"traidora", sin ambages, en su ya célebre entrevista al semanario
alemán Der Spiegel (ver EL PAÍS del pasado día 23) que ha recibido un
amplio eco en la Prensa yugoslava. El mensaje también se dirige a los
intelectuales y políticos de las diferentes Repúblicas, especialmente Eslovenia
y Croacia, pero también de Serbia, que mantiene un debate tan abierto, plural y
franco como virulento y nacionalista sobre la autogestión, los lazos entre las
Repúblicas que componen el Estado y las supuestas intenciones de recortar la
autonomía a sus respectivas economías.
Ante la reforma de la Constitución emprendida por el
Gobierno con la intención de dar viabilidad a la gestión política y económica,
bloqueada constantemente por el enfrentamiento entre las Repúblicas con grado
muy distinto de desarrollo y, por tanto, de intereses, en la Prensa de diversas
capitales yugoslavas se pone abiertamente en duda el futuro del Estado en su
actual estructura. Por ello no es de extrañar que Mikulic y otros dirigentes
aludan también abiertamente al Ejército como única gran fuerza integradora del
Estado con una cúpula serbia, única nación integrada en Yugoslavia que cuenta
con sentido de Estado, al ser la hegemónica.
Inspectores de precios
El Gobierno anunció ayer también el establecimiento de un
cuerpo de 1.350 inspectores que vigilará la aplicación del decreto del pasado
viernes, según el cual todos los productos que aumentaron sus precios en más
del 20,3% en los dos primeros meses de este año deberán volver a ser vendidos
al precio de diciembre pasado. Esta medida afecta a más de 19.000 productos.
Cerca de 5.000 artículos alimenticios aumentaron sus precios
en los referidos dos meses entre un 104% y un 775%, según fuentes oficiales. El
anuncio de una estricta vigilancia de los precios es un nuevo gesto hacia la
población, que no cree que la congelación en el nivel de diciembre pasado sea
realizable, al menos de forma duradera.
También ayer fue anunciada la pronta aplicación de una
profunda revisión de la ley de Trabajos Asociados, que regula el trabajo en
régimen de autogestión.
La reforma modifica un tercio de esta ley, que data de 1976,
con el objetivo de eliminar algunos de los principales vicios del sistema y de la
propiedad socialista. Así, quedarán implantados 11 motivos de despido,
entre otros la falta de disciplina y de productividad y la ausencia
injustificada, práctica generalizada en algunas empresas. Hasta ahora, el único
motivo pertinente era la falta al trabajo durante más de cinco días sin
justificación.
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