Por HERMANN TERTSCH
El País, Bonn,
19.02.87
El Partido de los Verdes ha hecho un llamamiento a la
población de la República Federal de Alemania (RFA) para boicotear el censo que
el Gobierno quiere realizar el próximo 25 de mayo. Según el partido
ecopacifista, el censo es un paso más hacia el control informático total de la
población por parte del Estado, no garantiza el anonimato y los datos
resultantes podrían ser utilizados por la policía, el fisco y otras
autoridades, dada la creciente interconexión entre los bancos de datos de
diversos órganos de la RFA. Con su llamamiento al boicoteo, los verdes se
sitúan en abierta oposición a un acuerdo, ya ley aprobada en el Parlamento con
los votos de todos los demás partidos democristiano (CDU-CSU), liberal (TDP) y
socialdemócrata (SPD).
El 25 de mayo, el Gobierno intenta por segunda vez la
elaboración de un censo actualizado tras su rotundo fracaso político en 1983,
cuando el Tribunal Constitucional vetó el censo proyectado, ya que exigía datos
que violaban la intimidad de los ciudadanos. Aquel censo incluía una serie de
preguntas sobre la conducta de los ciudadanos que, según el más alto tribunal
federal, violaba la "autodeterminación informática". Este concepto,
con el que el Tribunal Constitucional estableció que los datos personales son
propiedad de cada ciudadano, supuso un hito legal en la lucha por la protección
de los datos personales frente a los intentos del Estado por hacerse con un
banco de datos cada vez mayor sobre los ciudadanos.
Las preguntas del censo, 18 en un pliego personal y 15 sobre
las características de la vivienda, no suponen, según los partidos que apoyan
la iniciativa, ningún riesgo para la intimidad personal y son necesarias para
dotar a las Administraciones federal, estatal y municipal de datos actualizados
para una gestión adecuada a las necesidades, ya que el último censo de 1970 ha
quedado obsoleto. El censo es obligatorio. Todos los adultos deberán rellenar
su formulario, y en caso contrario podrán ser penalizados con multas de hasta
10.000 marcos (unas 700.000 pesetas).
Expertos estadísticos han establecido que si el boicoteo es
seguido por más de un 5% de la población, el censo quedará prácticamente
invalidado.
Los temores a una utilización indebida del censo han
aumentado con las nuevas leyes antiterroristas, que permiten el acceso a los
bancos de datos de tráfico a la policía y los servicios secretos. También se
pone en duda el carácter anónimo del censo. Bastan 10 datos del formulario para
identificar a la persona que lo rellenó.
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