Por HERMANN TERTSCH
Enviado Especial a Bucarest
El País Domingo,
28.01.90
LA CONVULSIÓN EN EL ESTE
El primer juicio contra colaboradores del dictador rumano
Nicolae Ceaucescu comenzó ayer en Bucarest con la confirmación de la plena
complicidad de todo su buró político, excepto el general Milea, en las matanzas
de la ciudad de Timisoara. Los ahora juzgados no podrán ser condenados a
muerte, debido a la abolición de la máxima pena días después del fusilamiento de
Ceaucescu. Un referéndum sobre la reinstauración de la pena de muerte,
prometido por líderes del FSN hace dos semanas, fue suspendido.
El juicio, que ayer duró 25 minutos, y que continuará
mañana, se abrió en vísperas del primer gran reto que encara el Frente de
Salvación Nacional desde la toma del poder en la revolución de diciembre.
Diversas fuerzas han convocado una manifestación en Bucarest en contra de la
decisión del Frente de presentarse a las elecciones, que revela sus cada vez mayores
tentaciones de aprovechar el capital político de la revolución para perpetuarse
en el poder con ayuda de las estructuras de la dictadura. En los últimos días
se han producido manifestaciones diarias de protesta ante la sede del Frente en
la capital rumana. Son ya numerosos los miembros fundadores del Frente que se
han alejado del mismo por este motivo. Los últimos han sido la escritora Doina
Cornea, una de las máximas autoridades morales en la oposición a Ceaucescu, y
Dumitru Mazilu, uno de los principales dirigentes de la fuerza revolucionaria,
que ha acusado al poder bajo Ion Iliescu y Silviu Brucan de querer preservar
una dictadura sin Ceaucescu. Mazilu acusó al FSN de "utilizar métodos
estalinistas".
Nuevas leyes, como una de protección de la integridad y el
honor de las personas al servicio del Estado, que castiga unas ofensas tan
ambiguas como el "asalto verbal" que pronto podría incluir las
críticas a los órganos del Estado, han fortalecido la impresión de que los
líderes del FSN entran en una "peligrosa realpolitik" que
podría congelar el proceso democratizador en aras de una estabilidad propia.
Como gran argumento legitimador de su poder utilizan el
capital político que supone para sus siglas el haber sido la fuerza directriz
de la revolución y la que terminó con la banda de Ceaucescu. Miembros de
la Securitate y dirigentes locales y estatales directamente implicados en la
política represiva de Ceaucescu y en sus intoxicaciones informativas, en
órganos de prensa, embajadas y organismos estatales, siguen mientras tanto en
sus puestos.
Un mes después del juicio y ejecución de Ceaucescu y su
mujer Elena, comparecieron ayer ante el tribunal en la Academia Militar de
Bucarest, cuatro de los más destacados directores del aparato de represión y
estrechos colaboradores del dictador. Tudor Postelnicu, 58 años, ex ministro
del Interior; Emil Bobu, 62 años, secretario del Comité Central y de
hecho número tres del régimen tras la pareja de dictadores; el
viceprimer ministro Ion Dinca, 61 años; y el vicepresidente de la República,
Manea Manescu, 73 años.
El fiscal leyó una declaración, según la cual, los cuatro
habían firmado una declaración en la que se reconocían culpables de complicidad
en el asesinato masivo de sus compatriotas.
Ayer sólo prestó declaración ante el tribunal militar Ion
Dinca, quién aceptó su plena responsabilidad en el "baño de sangre",
intentando explicarlo con el hecho de "haber sido un cobarde", por no
presentar cara al dictador en la reunión del consejo ejecutivo en el que se
decidió la matanza de Timisoara "el día 17 de diciembre, a las 17
horas".
El que fuera viceprimer ministro del gobierno confirmó que
en aquella reunión Ceaucescu había amenazado con su dimisión en caso de no ser
respaldado plenamente en la decisión de reprimir por las armas las protestas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario