Por HERMANN TERTSCH
Enviado Especial a Roma
El País Lunes,
15.06.98
Delegaciones de más de 140 países se reúnen hoy en Roma en
la apertura de una Conferencia Diplomática cuyo fin es el establecimiento de un
Tribunal Penal Internacional (TPI) que persiga y juzgue los crímenes de guerra,
contra la humanidad y el genocidio, así como violaciones masivas de los
derechos humanos, independientemente de donde se produzcan. La conferencia,
convocada por Naciones Unidas, intentará llegar a un acuerdo que determine
competencias, estructura, funcionamiento y financiación de dicho tribunal.
Como no podía ser de otra forma ante un acuerdo que implica
una seria renuncia de soberanía por parte de los Estados, las posturas
iniciales son muy diversas y discrepantes. El Tribunal será establecido por
medio de un tratado internacional por el que los países firmantes se
comprometerán a apoyar, reconocer y acatar las actuaciones y sentencias de la
nueva instancia internacional. En principio, los países más dispuestos a dotar
de poderes a este Tribunal para garantizar tanto su efectividad en la
persecución de crímenes como su poder disuasorio, son las democracias
asentadas. Los más reticentes son, por lógica, aquellos Estados en los que son
más probables hechos susceptibles de convertirse en competencia de dicho
Tribunal. No obstante, en cuestiones como la relación del Tribunal con el
Consejo de Seguridad y competencias de la fiscalía, persisten tambien
diferencias entre los países occidentales, incluso en el propio seno de la
Unión Europea. En lo que todos los participantes, que trabajarán durante cinco
semanas, parecen estar de acuerdo es en que tan inútil sería un texto
maximalista que sólo firmaran los países de las democracias desarrolladas como
un documento vacío que todos firmaran pero hiciera nacer muerto al Tribunal. El
peligro de que suceda esto último preocupa no sólo a las ONG que estarán muy
presentes durante todas las negociaciones en Roma, sino también a algunas
delegaciones, entre otras la española, dirigida por el embajador Juan Antonio
Yáñez. La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, presidirá
la delegación durante la apertura de la Conferencia.
Un Tribunal internacional que persiga los crímenes de guerra
y contra la humanidad es una vieja aspiración de juristas y estadistas
demócratas ya desde el final de la Primera Guerra Mundial.
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