FALTA DE RESPETO

Por HERMANN TERTSCH

El País  Domingo, 22.06.97

TRIBUNA

El primer ministro francés, Lionel Jospin, ha anunciado que combatirá con dureza la inmigración ilegal, pero respetará la tradición de asilo de la República y tratará con consideración a quienes busquen refugio dentro de las fronteras de Francia. Son palabras, sin duda, bienvenidas y que desde hace tiempo no se escuchaban en el Parlamento de una democracia europea. Habrá que esperar a ver si estas intenciones se convierten en hechos. Pero en todo caso rompen con una tendencia que se fortalece desde hace años y que en 1996 ha tenido una masiva y dramática ratificación en todo el mundo. Hablamos del creciente desprecio al derecho de asilo y refugio. Se trata de un fenómeno que se ha impuesto de forma casi global y del que da fe el informe de Amnistía Internacional para dicho año que ahora sale a la luz. Porque desde Alemania hasta Zambia, pasando por España, Estados Unidos, Francia y una larguísima lista, es un hecho que el desprecio al derecho de asilo por parte de las autoridades de democracias y dictaduras alcanza niveles sin precedentes en el último medio siglo. En realidad son ya pocos los Estados que respetan aún el espíritu o incluso la letra de las convenciones internacionales firmadas y de sus propias leyes que los comprometen a ayudar a aquellos que huyen de sus lugares de origen por un peligro a su vida o a su libertad.

Cierto es que la situación migratoria internacional es muy compleja. La proliferación de conflictos ha creado ingentes bolsas de refugiados y desplazados cuya existencia amenaza a economías en general débiles. También lo es que muchas sociedades desarrolladas muestran signos de saturación -aunque estén basados casi siempre en una percepción errónea de la situación, cuando no provocada de forma artificial e interesada-. Lo cierto es también que en ningún caso puede pensarse en que la solución a la miseria del hemisferio Sur pasa por la desestabilización de las sociedades del hemisferio Norte. Los países y comunidades supranacionales tienen y deben tener una política de inmigración reglada y controlada. Y, sin embargo, la mayoría de los Estados ha demostrado en 1996 que, aprovechando los miedos de sus propios ciudadanos, la insolidaridad que estos miedos producen y el silencio que de ella se deriva, están violando la convención de refugiados que prohíbe la deportación de seres humanos a países en los que exista un peligro objetivo para su vida y su libertad.

Con una sobredosis de haloperidol español rumbo a África, con escolta policial alemana hasta Bosnia-Herzegovina, con mediación de la ONU hasta Ruanda o en compañía del Ejército turco hasta Irán, cada vez son más los seres humanos que, tras haberse creído a salvo de sus perseguidores, acaban en manos de éstos por culpa de quienes han asumido el deber de darles asilo y cada vez son más los dispuestos a suscribir en las democracias occidentales aquella terrible frase oída por nuestros lares de que "había un problema y éste se ha resuelto". Aumenta, y no sólo entre los gobernantes, la falta de compasión y de mera decencia humana que lleva a considerar que el problema se resuelve no evitando el dolor, sino alejándolo aun a costa de que éste se intensifique.

Y una cada vez más estrecha malla de medidas administrativas y legales se encarga de impedir que aquellos que tendrían realmente derecho al asilo no lleguen nunca a estar en situación de solicitarlo. Las disposiciones para evitar el acceso a medios de transporte a aquéllos sin documentos de acceso a los países de destino, la negativa de la policía -ilegal en muchos países, pero frecuente- a tomar declaración y a aceptar la solicitud de asilo en fronteras, puertos y aeropuertos antes de expulsar por procedimiento de urgencia a los solicitantes, son una barrera cada vez menos franqueable. No sólo se ahogan pobres desesperados en nuestras costas meridionales, se ahogan muchos, nadie sabe cuántos, en los océanos después de ser descubiertos como polizones en buques de carga y abandonados en alta mar por capitanes que no quieren ver multada a su naviera en el puerto de destino a causa de carga tan desagradable. Ante tal falta de humanidad es de agradecer que los aviones no puedan abrirse en pleno vuelo.

Al margen de consideraciones humanitarias que parecen hacer tan poca mella en algunos, los responsables políticos de los Estados que se consideran de derecho deberían pensar que con estas medidas están violando sus propias leyes y, por tanto, minando las garantías de su propia población. Y los ciudadanos del mundo rico tentados a aceptar estas soluciones deberían ser conscientes de que un Estado que desprecia así unas vidas puede pronto despreciar otras más cercanas y más queridas.