Por HERMANN TERTSCH
Enviado Especial a Panamá
El País Domingo,
26.11.2000
REPORTAJE
El Plan Colombia, ideado por Estados Unidos para combatir la
guerrilla y el narcotráfico, amenaza con extender el conflicto a toda la región
latinoamericana
Las ceremonias, hace casi un año, fueron fastuosas; los
panameños celebraban algo tan normal como el derecho a pisar suelo propio. El
canal de Panamá era, por fin, realmente de Panamá, gracias a unos acuerdos
firmados en 1978 por el presidente de EE UU, Jimmy Carter, y el caudillo panameño
Omar Torrijos. Una imagen: los gringos arriando su bandera en las esclusas de Miraflores, aunque lo
más importante había sucedido antes, cuando habían desmantelado su mayor base
militar en el mundo, una ancha franja que cruza el istmo centroamericano y
protegía con verjas metálicas, controles y vigías una de las mayores
construcciones del ser humano en su historia y la más importante desde el punto
de vista comercial y estratégico.
La doctrina Monroe de América para los americanos, para
los anglosajones del Norte, por supuesto, parecía enterrada. Las democracias
emergentes en Latinoamérica en las dos décadas anteriores auguraban buena
cooperación entre todos los países del norte del subcontinente, pero también
con la gran potencia septentrional. Todas las democracias mostraban su interés
por cooperar con EE UU, cuyo comercio y ayuda les es indispensable para el
desarrollo. Y, por fin, Washington parecía asumir el respeto a la soberanía de
los demás Estados del continente, hasta del más pequeño.
Cuando aún no se ha cumplido un año de aquel feliz
acontecimiento, son cada vez más los que piensan que aquello fue un espejismo.
La clave está en el llamado Plan Colombia, lanzado en 1998 por los presidentes
Bill Clinton, de EE UU, y Andrés Pastrana, de Colombia. Fue presentado como un
gran proyecto para la pacificación y el desarrollo integral de aquel país con
el fin de liberarlo de una dependencia del narcotráfico que mina gravemente la
democracia. En realidad se perfila como una operación bélica a gran escala
contra la guerrilla colombiana, que podría implicar cada vez más a Estados
Unidos en la contienda y extender el conflicto a los países fronterizos,
Panamá, Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú. Son muchos los que auguran una
intensificación de los combates y oleadas de refugiados huyendo tanto de la
guerra como de la fumigación prevista que podría contaminar regiones enteras y
los ríos que vierten al Amazonas. [Un ejemplo: las diferencias entre Colombia y
Venezuela, cada vez mayores, llevaron ayer al Gobierno de Bogotá a retirar su
embajador en Venezuela, en señal de protesta, informa France Presse.]
Los helicópteros estadounidenses ya hacen escalas en tierras
centroamericanas en dirección al sur y en Panamá hay de nuevo, aunque de forma
rotatoria pero permanente en la cifra, unos mil militares en labores de
coordinación y logística. Aunque la presidenta panameña, Mireya Moscoso,
insiste en que la presencia de tropas estadounidenses en Panamá es cosa del
pasado, cada día es más evidente que en Washington existen fuerzas que
consiguen que sea cosa del presente y están decididas a que lo sean, más aún,
del futuro.
En Ecuador, el Pentágono está convirtiendo la base aérea y
naval de Manta en un enclave militar propio y las bases caribeñas de Aruba y
Curacao registran una creciente actividad.
En Perú, las intenciones estadounidenses de implicar al
Ejército de este país en la lucha contra la guerrilla colombiana han tenido
mucho que ver con la larga supervivencia de Alberto Fujimori y la omnipotencia
de su mano derecha, el jefe del espionaje Vladimiro Montesinos,
alias Mister Fix it (arréglalo todo), ahora caído en desgracia.
Llueven además las propuestas y presiones estadounidenses
para multiplicar los centros operativos avanzados en la región. Los intentos de
crear un centro multilateral antidroga en la antigua base de Howard, junto al
canal, es un paso en el mismo sentido e implicaría en la práctica el retorno al
canal, como también contemplan propuestas republicanas presentadas este año en
Washington. Por otra parte, se ha acelerado de forma dramática la
militarización de las fronteras desde Brasil a Panamá en este último año, así
como la adquisición de armamento casi en su totalidad estadounidense.
Daniel Delgado Bustamante conoce muy bien el pensamiento
militar de EE UU. Este ex oficial del Ejército panameño fue diplomado en Estado
Mayor en la célebre Escuela de las Américas que, dirigida por el Pentágono,
formó a generaciones de militares latinoamericanos en la llamada lucha
antiinsurgente, eufemismo que incluye todas las formas de represión,
incluso las más brutales, de los movimientos considerados comunistas o
izquierdistas en las décadas de la guerra fría y especialmente después del
triunfo castrista en Cuba. Según él, "por supuesto que los norteamericanos
quieren volver y actuar como el gran gendarme de la región, pero no tienen hoy
legitimidad, fuerza ni moral para hacerlo. Con la devolución del canal y la
retirada del Ejército Sur perdieron los grandes símbolos de su hegemonía. Pero
no se resignan. Ahora, con la caída del comunismo, recurren al narcotráfico
como ideología enemiga sustitutoria. Aluden al supuesto colapso de las
instituciones en nuestros países para plantear la necesidad de su retorno. En
Panamá, el consenso de las fuerzas políticas ha frustrado estos intentos. Pero
lo que está en marcha es una renovación de la política contrainsurgente
disfrazada de lucha antidroga. Están equiparando guerrilla y narcotráfico
cuando éste es una actividad de todas las partes. En Perú y en Bolivia, ya no
hay guerrilla y el tráfico de drogas continúa".
El Plan Colombia iba a ser, se decía, un Plan Marshall en
evocación de la gran operación de ayuda organizada por Estados Unidos para la
Europa demolida por la II Guerra Mundial. Se presentó como un plan global de
apoyo financiero, estratégico y político para el desarrollo económico y social
de este país, sacudido desde hace cuatro décadas por una guerra de muchos
frentes y fuerzas contendientes varias, Ejército, paramilitares y diversas
guerrillas, siendo la principal y más antigua las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Martín Torrijos es el joven líder del Partido Revolucionario
Democrático que poco tiene que ver con el talante dictatorial y golpista de su
padre. Comparte los temores de su hoy asesor Daniel Delgado Bustamante y, como
éste, insiste en que la solución en Colombia pasa por las negociaciones de paz
y no por una militarización que desincentiva el diálogo entre las partes -como
ya ha demostrado la paralización de las negociaciones y la intensificación de
las matanzas cometidas por los paramilitares y la guerrilla- y puede llevar el
conflicto a países vecinos.
Al final, el Plan Colombia, para el que Estados Unidos ha
recabado fondos de sus aliados europeos, apenas asigna un 1% de sus recursos a
iniciativas realmente sociales y se vuelca prácticamente en su totalidad en el
reforzamiento militar de ejército y policía colombianos, pero también de
Bolivia, Perú y Ecuador. Las posibilidades de que la guerrilla colombiana pase
a considerar a estos estados como beligerantes y extienda así a ellos su teatro
de operaciones se disparan. Con fronteras en la selva prácticamente
incontrolables, las incursiones de la guerrilla en los países vecinos han sido
práctica común, pero en principio sólo para utilizarlos como zona de repliegue
y avituallamiento.
En la región panameña de Darien la presencia de esta
guerrilla colombiana ha sido en este sentido constante, pero nunca ha entrado
en conflicto con la policía fronteriza de este país, que no tiene ejército
desde la invasión norteamericana de 1989. Pero como dice Gustavo Gorriti, el
periodista peruano subdirector del diario La Prensa, Panamá es el
ejemplo más extremo de los peligros que corre toda la región ante la política
militar que implica el Plan Colombia. "Es el más vulnerable. Esto es
Camboya, con su corrupción, ineficiencia, crisis económica, gobierno
incompetente e irresponsabilidad".
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