Por HERMANN TERTSCH
El País, Madrid,
28.07.90
Mineros que destacaron por su violenta actuación contra
miembros de la oposición y meros ciudadanos de Bucarest durante los graves
incidentes habidos en esta ciudad entre el 13 y el 15 de junio serán juzgados
junto a los presuntos responsables del asalto a sedes institucionales. Una
delegación parlamentaria rumana que ha visitado Madrid aseguró a EL PAÍS que
entre las 185 personas que se encuentran detenidas por aquellos acontecimientos
se hallan numerosos mineros.
La violenta actuación de los mineros llamados por el régimen
del presidente Ion Iliescu para defender las instituciones de un
supuesto ataque fascista provocó duras condenas internacionales y la suspensión
del acuerdo de cooperación de la Comunidad Europea con Rumanía. A raíz de ello,
el Gobierno rumano favoreció la creación de una comisión investigadora
parlamentaria.
En la comisión están también presentes los partidos de la
oposición cuyas sedes fueron asaltadas por los mineros. Está recibiendo las
denuncias, indicios y pruebas para establecer las responsabilidades en esta
compleja trama. Comenzó con el violento desalojo de un reducido grupo de
miembros de la oposición que ocupaban una plaza céntrica de Bucarest, escaló
con el asalto del Ministerio del Interior, Jefatura de Policía y sede de la
televisión y culminó en una orgía de violencia protagonizada por los mineros
del valle de Jiu llamados por las autoridades ante la extraña pasividad del
ejército y la policía.
Tras la declaración de gobierno del primer ministro Petre
Roman que establece como máxima prioridad la radical transición hacia una
economía de mercado y la apertura de la economía hacia Europa, la necesidad de
ayudas occidentales se hace extremadamente perentoria, y su ausencia puede
desembocar en agudos conflictos sociales.
Ante el riesgo de una grave desestabilización, el Gobierno
tecnócrata de Petre Roman parece decidido a acabar con la política del sector
más ideológico del Frente de Salvación Nacional (heredado del extinto partido
comunista) de hacer responsable de los incidentes a la oposición o a
"grupos fascistas", como llegó a decir el presidente Iliescu.
El jefe de la delegación parlamentaria que visitó España,
Marian Enache, reconoció que "no hay pruebas que respalden que eran
fascistas" quienes organizaron el asalto.
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