Por HERMANN TERTSCH
Enviado Especial a Bucarest
El País Jueves,
21.06.90
El presidente de Rumanía, Ion Iliescu, fue investido ayer
en una sesión plenaria de las dos Cámaras del Parlamento, en la que ratificó a
Petre Roman como primer ministro y pronunció un brillante discurso reafirmando
su pleno compromiso con la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Mientras, surgen evidencias de masivas palizas a detenidos en las comisarías y en
las cárceles.
Fuentes de la oposición rumana, mientras tanto, han
denunciado la desaparición de personas, que en parte podrían pasar a engrosar
la lista de muertos en la represión de la pasada semana, y consideran que los
intentos de Roman de distanciarse de Iliescu han llegado tarde y de forma
débil. "Ya están en el mismo barco. Han pactado con el diablo y van a
pagarlo"."Hemos hecho una opción irreversible por la
democracia", "por la división de poderes en el Estado", por la
"recuperación moral de la sociedad rumana", -dijo Iliescu ante ambas
cámaras del Parlamento y el cuerpo diplomático en el Ateneo, convertido en una
fortaleza por fuerzas del Ejército y de la policía.
El presidente lamentó "los excesos en la reacción
popular al reinstaurar el orden público" en su primer y débil
distanciamiento de la brutalidad desplegada por toda la capital rumana por los
mineros llamados por él en apoyo del Gobierno.
También lamentó la "reacción negativa"
internacional, rechazando las acusaciones de haber querido liquidar a la
oposición. "No son sólo irrazonables, sino infundadas e injustas". Iliescu pidió ayuda internacional para "acabar con los efectos del régimen
totalitario" y dijo que esto es impensable sin el apoyo de las
"democracias tradicionales".
En un gesto conciliador hacia la oposición y la opinión
pública internacional, Iliescu, que el día 15 había felicitado a los mineros
por su "combatividad contra desclasados, degenerados y fanáticos",
prometió una comisión investigadora para establecer responsabilidades en los
abusos cometidos por los 14.000 mineros que sembraron el terror en la capital
de Rumanía. Mientras, EL PAÍS pudo confirmar ayer la existencia de un número
indeterminado de desaparecidos tras la oleada de represión desatada con la
presencia de los mineros del valle de Jiu en Bucarest, los días 14 y 15 de
junio, para "restaurar el orden", según insistió ayer Iliescu en su
discurso de investidura.
Aunque ayer concluyó el plazo de cinco días que el fiscal
general tiene para mantener a ciudadanos detenidos sin procesamiento, un número
indeterminado aún no ha sido liberado, no ha recibido la preceptiva oportunidad
de ponerse en contacto con su familia o abogado o ha muerto a consecuencia de
los apaleamientos o de los disparos de las fuerzas del orden.
"Parte de los desaparecidos están en prisión y parte de
ellos están muertos", declaró ayer Gabriel Andrescu, miembro del Comité de
Derechos Humanos de la Federación Internacional de Helsinki y miembro del Grupo
por el Diálogo Social.
Ante el Parlamento, cuerpo diplomático y prensa
internacional, Iliescu ya no acusó a "fuerzas fascistas" de haber
atacado el día 13 el Ministerio del Interior y la televisión. Se limitó a
hablar de "una auténtica rebelión, un golpe de Estado". La
investigación llevada a cabo por periodistas rumanos y extranjeros y medios de
la oposición establece sin lugar a dudas que los ataques contra la sede de la
televisión y el Ministerio del Interior fueron protagonizados por agentes del
poder.
Los intentos de las asociaciones pro derechos humanos de
conocer la suerte de los desaparecidos han sido vanos. El jefe de policía de
Magurele, en Bucarest, y el fiscal general acusaron de ser agentes del exterior
y antirrumanos a los miembros de la delegación que quería los nombres de los
detenidos para contrastar con los desaparecidos.
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