Por HERMANN TERTSCH
El País, Madrid,
30.03.90
TRIBUNA
El dictador Nicolae Ceaucescu y su mujer, Elena, murieron
bajo los disparos de todo un batallón de soldados antes, incluso, de que fuesen
designados los componentes del pelotón de fusilamiento. Ninguno esperó la orden
de fuego. El odio apretó los gatillos de las decenas de kalashnikov. En
Rumanía continuaba entonces aún la lucha entre las fuerzas revolucionarias y
los defensores del antiguo régimen. El juicio fue sumario y sin garantías. Más
que un juicio pareció una acción de guerra. La revolución en el Este ha tenido
sus perdedores. Son los máximos dirigentes de los regímenes socialistas, sus
familias y colaboradores. Todor Yivkov en Bulgaria; Erich Honecker en la RDA;
Nicu, Valentín y Zoia Ceaucescu en Rumanía; Gustav Husak, Vasil Bilak y Milos
Jakes en Checoslovaquia son algunos. Otros son los miles de desconocidos
empleados en el aparato comunista que con mayor, menor o ninguna culpa están
expuestos hoy al desprecio y las represalias de la población.
Los supervivientes de las cumbres del Pacto de
Varsovia en la época brezneviana podrían hoy formar una organización de
presidiarios. Pero el alivio por la caída de dictadores que han reprimido a sus
pueblos y hundido sus economías, no puede hacer olvidar la obligatoriedad de
juicios justos a los acusados. Con rapidez y osadía los antiguos cómplices se
han convertido en los verdugos.
Los partidos comunistas, amenazados por la desaparición y
los aparatos estatales comprometidos en el régimen fenecido se distancian de
sus antiguos líderes con acusaciones y ataques. Las poblaciones resentidas y
agraviadas durante décadas piden venganza con una saña que en el caso de la RDA
resulta ya motivo de espanto. Las mayorías silenciosas intentan compensar ante
sí mismos su sumisión con la agresividad hacia los caídos. Centenares de
miembros de la Iglesia evangélica se han dado de baja al saber que ésta ha dado
asilo a Erich Honecker. La mayoría de los rumanos lamentó la ejecución de los
Ceaucescu porque "debían haber sufrido mucho más". Los comunistas
checoslovacos, en su frenesí por sobrevivir a las elecciones, han expulsado
ignominiosamente a líderes a quienes fueron vergonzosamente serviles.
Los hijos de Ceaucescu no podrían dar seis pasos en libertad
por Bucarest sin ser linchados por los transeúntes. Vasil Bilak, colaborador en
la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968 o Milos Jakes, ex jefe del
partido en Praga, tampoco podrían dejarse ver en las calles de Praga sin grave
riesgo.
Para que los procesos a los responsables de los regímenes
caídos no se conviertan en una nueva versión de los juicios-farsa del
estalinismo y los nuevos Estados en el este de Europa no nazcan con el pecado
original de condenas políticas, habrán de concretarse al máximo los puntos de la
acusación, y demostrarse éstos. Al margen de delitos tan claros como el estupro
continuado de Nicu Ceaucescu o la evasión de divisas y robo por parte de la
familia Yivkov, la mayoría de las acusaciones son de tipo político, y por tanto
insostenibles en un proceso penal. Alguna acusación, como la de alta
traición contra Honecker es sencillamente ridícula.
Esclarecer los crímenes de los regímenes totalitarios es
condición para el nacimiento de Estados democráticos y libres. La búsqueda de
víctimas propiciatorías en ancianos enfermos para lavar de culpa a cómplices,
colaboradores y culpables de pasividad no puede cimentar un nuevo orden justo,
advierten, en lo que podría parecer una paradoja, los demócratas activos en la resistencia
a la dictadura y perseguidos cuando los hoy presos eran poderosos e intocables.
Como dice el ex disidente checoslovaco, Petr Uhl, incansable
defensor de los derechos humanos y detenido infinidad de veces por la policía
comunista, que es hoy director de la agencia CTK, "la demagogia que incita
a la guerra santa contra los comunistas es pérfidamente peligrosa".
Beneficia a estos con una reacción solidaria por la adversión al revanchismo
generalizante de muchos ciudadanos. Esto explica que son los cómplices quienes
agitan a la venganza y a utilizar contra los dirigentes caídos métodos
incompatibles con una sociedad democrática sana.
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