Por HERMANN TERTSCH
El País Sábado,
06.05.2000
El Gobierno austriaco de coalición entre el Partido Popular
(ÖVP) y el Partido Liberal (FPÖ), del populista Jörg Haider, decidió ayer, en
un Consejo de Ministros extraordinario, convocar un referéndum para evaluar el
grado de rechazo popular a las sanciones impuestas por sus 14 socios en la UE.
Tres meses después de que la formación de dicha coalición provocara estas
sanciones, sin precedentes en la historia de la UE, el Gobierno de Viena ha
decidido pasar a la ofensiva, eso sí, asumiendo una iniciativa del propio
Haider.
Haider capitaliza así el sentimiento de indignación y
rechazo que estas sanciones comunitarias han generado en la sociedad
austriaca. Austria, el mayor pagador neto per cápita de la UE y el que alberga
al mayor número de inmigrantes de la UE después de Luxemburgo -donde gran parte
de los extranjeros son funcionarios europeos de gran nivel adquisitivo- se
halla desde entonces en un estado de excepción en sus relaciones
internacionales por estas sanciones, proclamadas con la intención de denunciar
la alianza gubernamental de los conservadores del ÖVP con el partido del
populista Haider, que hizo una campaña manifiestamente xenófoba y notoriamente
eficaz. El canciller federal, Wolfgang Schüssel, del ÖVP, y la nueva presidenta
del FPÖ y vicecanciller federal, Susanne Ries-Passer, anunciaron ayer en Viena
que si los 14 socios en la UE no reconsideran su actitud respecto a las
sanciones, el Gobierno convocará un referéndum en otoño para determinar la
opinión de los austriacos respecto a unas medidas de sus socios en la Unión.
Las medidas tomadas por los otros 14 miembros de la UE en Lisboa se consideran
profundamente injustas por parte tanto del Gobierno como de muy amplios
sectores, probablemente mayoritarios, del país.
El canciller Schüssel aseguró que la consulta no es una
medida de presión, ni mucho menos un chantaje. Pero es evidente que la presión
de la opinión pública ha sido determinante. La mayoría de los austriacos, que
en los últimos cincuenta años han sido siempre los máximos receptores de
inmigrantes y refugiados del este de Europa y los Balcanes, se consideran
atropellados por la decisión tomada en la Cumbre de Lisboa, que impide los
contactos bilaterales políticos a alto nivel entre Viena y las demás capitales
europeas. La ministra de Exteriores austriaca, Benita Ferrero Waldner, se
entrevistará este fin de semana con sus colegas de la UE en la reunión que se celebra
en las Azores. Mientras, en Viena han surgido informaciones sobre una supuesta
revisión de la decisión de Lisboa de imponer a Austria unas sanciones sobre la
mera base de las declaraciones del líder político de uno de los partidos del
Gobierno.
El referéndum, de no cambiar el ánimo social en Austria,
podría convertirse en un plebiscito contra la UE y ser a la postre el mayor
revés para el proyecto europeo jamás habido. Puede, además, ser un precedente
para muchos peligroso, como las propias sanciones, para países mayores como
Italia, en los que se perfilan alianzas potenciales entre partidos de centro y
otros populistas o ultraderechistas. Las sanciones contra un miembro por
declaraciones de algún líder político sin que medie hecho político o legal alguno
y sin el menor atisbo de modificación en el respeto al Estado de derecho podría
abrir una caja de Pandora en el seno de la Unión Europea.
Schüssel aseguró ayer que la población respondería a una
pregunta que implicaría el profundo y declarado compromiso de Austria con la
UE. Y anunció una ofensiva diplomática para demostrar en Europa que el trato
que está recibiendo su país en el seno de la UE no tiene base jurídica, ni
política ni sentido común.
Haider, que se ha retirado de su cargo como presidente del
partido minoritario en el Gobierno, se está viendo beneficiado, al menos a
corto plazo, por estas sanciones. Sus adversarios tienen enormes dificultades
para oponerse al efecto de solidarización que produce la percepción de las
sanciones como una injusticia. Los austriacos, cuyo nivel de vida y protección
social les llevó en su día a tener tantas dudas como los daneses sobre la
necesidad u oportunidad de entrar en la UE, se consideran maltratados por una
mera cuestión de aritmética electoral. Las consecuencias de un referéndum en el
que se expresara dicho malestar son imprevisibles. En Viena, ayer, el Gobierno
se plegó a la presión del mismo, pero Schüssel no ocultó que preferiría que la
apuesta no se produjera.
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